La causa por el ataque al Hostel de Lago Puelo pasaría a la fiscalía federal.
La semana pasada DIARIO BOLSONÉS informó los hechos tal cual fueron relatados por el Jefe de la Unidad Regional de Esquel, Oscar Marinao, en relación a los ataques que sufrió el complejo de cabañas Onda Azul el día 19 de enero en horas de la madrugada.Según el relato de Marinao, la agresión se reducía a una gresca entre vecinos por ruidos molestos y, más allá de los insultos que haya habido en el mismo cruce, no eran motivo suficiente para ser considerado un ataque antisemita.
En ese mismo sentido se manifestó el fiscal Oscar Oro, quien sostuvo que si bien las personas que atienden el hostel son de origen judío y alegan un ataque antisemita, esta hipótesis no es de las que más peso tenga en la investigación.
Sin embargo, cuando finalizaba la semana pasada, el fiscal Oro tuvo un pedido de inhibitoria por parte del juez federal y una recomendación del juez ordinario de la provincia de Chubut que en un principio se había hecho cargo del caso.
En base a eso y a las consideraciones que hizo Oro del caso, este pidió al juez provincial que se declare incompetente y elevó las actuaciones al juez federal que lo pedía.
Las actuaciones fueron remitidas a Esquel y el día viernes, el juez federal se declaró competente en el particular con lo cual es caso pasó a la justicia federal.
Cabe resaltar que el fuero federal atiende en circunstancias excepcionales y que escapen a la competencia y jurisdicción de los órganos judiciales ordinarios, tratando casos como por ejemplo narcotráfico, tratas de personas o, como en este supuesto, manifestaciones de antisemitismo o actitudes que ofendan de esta forma.
En consecuencia, lo que en un principio parecían ser agresiones, daños, lesiones y hurto, con ese condimento adicional que tienen los insultos a los propietarios de origen israelí y algunos de sus ocupantes, el caso podría llegar a ser encuadrado en ataques antisemitas, con lo cual se pasa íntegramente a la justicia federal.
En el Fuero Federal consideran que no se trataría de un hecho aislado, sino que sucedió en el marco de una campaña que hace meses se viene realizando en la comarca andina, repudiando la concurrencia de “mochileros israelíes”, contraviniendo a la legislación vigente consagrada en la ley 23592 que condena los actos discriminatorios
Por esto, se ha dado intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El magistrado que se hará cargo, será el juez federal de Esquel, Guido Otranto quien ya manifestó que el ataque “respondería a motivaciones discriminatorias comprendidas en la ley 23.592, cuya aplicación corresponde a la Justicia Federal de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos de estas características”.
Ahora solo resta que el fiscal muestre que el caso excedió la cuestión de vecindad y desbordó a un ataque racial.
REDACCION
