El proyecto de iniciativa popular contra la mega minería fue tratado en la Legislatura de Chubut.
Casi sobre el fin del plazo, en un marco cargado de virulencias, con modificaciones imprevistas y un nuevo proyecto sancionado. Estas fueron las condiciones en que se trató el proyecto de iniciativa popular presentado por las asambleas de vecinos de la provincia de Chubut.Carina Ponce, miembro de Asamblea Comarcal Contra el Saqueo, dialogó con FM Comarca Andina y Diario Bolsonés para precisar cómo se vivió esa jornada.
Lo concreto es que, luego de la sesión que se interrumpí, el resultado fue la aprobación del dictamen de mayoría presentado por el FpV y el Interbloque, triunfando con 14 votos sobre 13.
Según lo sostenido por la asambleísta, las gestiones de los diputados fueron avergonzantes, ya que si bien se permitían modificaciones al proyecto de ley, en este caso modificaron todos los artículos.
Esto conlleva a que el espíritu de la ley, sea otro al que los vecinos propusieron en la iniciativa popular.
“Fue un fraude. La gente está indignada”, aseveró Ponce.
Asimismo, la asambleísta resaltó la demora que hubo para tratar el texto propuesto. “Esperaron seis meses para tratar el proyecto y al momento de tratarlo, presentaron un proyecto totalmente modificado en un 95 %”, sostuvo.
“Algunos diputados se oponían sin argumentos de peso”, afirmó la asambleísta.
Mientras se desarrollaba la sesión, en las afueras de la Legislatura de Chubut, varias personas fueron llevadas como fuerza de choque.
“Fue doloroso ver que habían traído personas de la meseta, pagadas para hacer de fuerza de choque”, destacó Ponce y agregó que “tuvieron que traer a la gente del Sindicato de Petroleros para que los respaldaran desde la fuerza”.
Ante estas muestras de fuerza bruta, el ambiente violento fue en aumento.
“Había una clara intención de hacer lo que hicieron con nuestro proyecto”, afirmó la asambleísta.
Entre los hechos tristemente destacables, Ponce denunció que el personal policial que estaba entre los vallados, los revisó, y les pidió DNI en forma discriminativa haciendo una especie de persecución.
Párrafo aparte merece el diputado Muñiz, que representando por lo menos a sus electores, fue escrachado en plena sesión intercambiando mensajes con nada más y nada menos que con el gerente de Yamanna Gold que tiene intereses sobre el proyecto en Esquel.
“¿Qué clase de representante es?”, dijo Ponce sobre Muñiz.
“Esta modificación, anula la ley 5001. Le dan vía libre al proyecto Suyai”, aseveró.
Por último, dijo que no todo está terminado, sino que podría esperarse que el ejecutivo vete este texto sancionado.
“Los diputados que votaron a favor de nuestro texto, están pidiendo que el gobernador vete la ley”, dijo Ponce.
Asimismo, en el plazo de 120 días, debe hacerse una consulta popular en las zonas donde esté previsto llevar adelante proyectos mineros.
“Apelamos a que los mismos vecinos elijan una vida sin megamineria”.
El pedido en concreto de las asambleas es que se vete el texto sancionado y que Muñiz sea sometido a los mecanismos legales de desafuero y juzgamiento.
REDACCION
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