La Senadora Magdalena Odarda ha presentado ante el Congreso
Nacional el proyecto de ley Nº 2655-S-14, que regula el libre acceso a las
costas de mares, ríos y lagos, estableciendo los parámetros que garanticen a
todos los ciudadanos el libre tránsito y acceso a un espacio destinado al
disfrute y recreación de las personas y a la amortiguación ambiental.
Este proyecto fue presentado, por el Dr. Darío Rodríguez Duch,
en el marco del evento nacional realizado sobre el derecho de libre acceso a
las costas convocado por la Asociación Cristian González, en San Martín de los
Andes los días 29 y 30 de agosto, con motivo de conmemorarse los 8 años del
asesinato de Cristian por el sólo hecho de encontrarse pescando a la orilla de
un río.
El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se ha
venido transformando en una situación conflictiva a lo largo y ancho del país,
sobre todo a partir de que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han
pretendido hacerse de tierras que incluyan una supuesta exclusividad por sobre
las costas y playas de mares, ríos, lagos y arroyos. Tal presión inmobiliaria
no ha sido suficientemente denunciada ni combatida por las autoridades
nacionales y provinciales hasta el momento, afirmó Odarda.
La creciente privatización de lo público implicó que, ni los
viejos pobladores ni los turistas pudieran seguir accediendo a lo que siempre
ha sido considerado un recurso común, impidiendo de esta forma el desarrollo de
actividades deportivas tales como la pesca, el kayakismo, el rafting, el treeking
o el simple acampe, entre otras actividades relacionadas con el goce de los
espacios naturales comunes.
El proyecto de ley presentado en el Senado genera una nueva
figura superadora del tradicional camino de sirga, destinado históricamente a
asistir la navegación, y establece una nueva categoría que considera a las
franjas costeras como bienes nacionales de uso público, asegurando el
libre acceso a las costas de mares, ríos, arroyos, lagunas y lagos con fines
recreativos y estableciendo que el mismo debe ser garantizado desde el Estado,
a través de la puesta en marcha de mecanismos legales y procesales, así como de
la fiscalización y de la aplicación de las sanciones correspondientes.
PRENSA SENADORA NACIONAL MAGDALENA ODARDA
INTERBLEQUE FAP UNEN
CC ARI
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