El modelo económico instalado en el Proceso de Reorganización Nacional dejó marcas en el poder judicial.
Las torturas, desapariciones y el genocidio que marcaron la historia argentina a partir del 24 de marzo de 1976, trajeron de la mano un modelo político, social y económico que aún persiste en aspectos judiciales. No solo continúan ejerciendo funciones jurisdiccionales algunos personajes que están cuestionados por su vinculación con el accionar de los militares durante el período 1975-1983, sino que también persisten barreras a los sectores vulnerables en la puerta de los juzgados.
Marcelo Muscillo, juez de Paz de El Bolsón, considera que la relación de la dictadura cívico-militar con la justicia se llevó adelante en término restrictivos. El acceso a la justicia como valor y como institución fue una constante en la nefasta etapa histórica.
Al tratarse el término “justicia” de un valor y, a la vez, hacer alusión a un organismo, complica la crítica.. Ningún organismo puede ser perfecto en términos de ser vehículo para alcanzar ese valor.
La dictadura militar bloqueó el acceso a las dos acepciones del término justicia, dice Muscillo. Es decir, tanto sea alcanzar el valor como el acceso a los mecanismos concretos que la sociedad había creado para llegar a ese valor.
“No permitir presentar un hábeas corpus es bloquear el acceso al sistema judicial y, a la vez, poder llegar a una solución más justa ante una vulneración de derechos”, dijo el juez de Paz.
A pesar de haber finiquitado el Proceso de Reorganización Nacional con el retorno de la democracia, estas formas continúan en la vida social actual.
“Cuanto más difícil resulte acceder a la justicia como institución o mecanismo, que deberían ser más accesibles, menos posibilidad hay de extinguir una vía de hecho y recuperar situaciones de vulneración de derechos”, aseguró el magistrado.
En estas fechas donde hay una gran cantidad de reflexiones a nivel institucional, político, cultural, entre otras, hay que entender que no hay que naturalizar los defectos que mantenemos, pero tampoco hacer una comparación que derive en una conclusión de estar en una especie de panacea.
Muscillo considera que estamos en un proceso del cual cada uno forma parte desde el lugar que ocupa y que debería conducir a un compromiso donde los avances positivos se profundicen y la inercia de la inaccesibilidad de la justicia, se vaya revirtiendo.
Pero aún si se la insistencia en realizar una comparación se impusiera entre la actualidad y la situación en la época de la dictadura, hay avances notables pero no son suficientes.
“Aún perduran dificultades de clase y género para acceder a la justicia”, refirió el magistrado.
Viendo la película completa, se ve que hay tendencias que, desde el punto de vista de Muscillo, son elogiables y hay que seguir transformando, pero con su contracara donde la dificultad de acceder a la justicia a los sectores vulnerables sigue siendo una constante.
Pero esta problemática no se circunscribe sólo al poder judicial, sino que el sistema social en general empuja a los sectores de mayores dificultades económicas en direcciones excluyentes.
En la estructura de este análisis, Muscillo no deja escapar la íntima relación que se gestó entre la dictadura y la cuestión macroeconómica que impuso un modelo económico de acumulación de riqueza y con discusiones de la distribución de la misma en ámbitos cerrados.
“Estos problemas siguen siendo los temas de la democracia, que tienen un reflejo en cómo se configuran los poderes del Estado”, destacó el juez.
En su rol, el poder judicial tiene la facultad de empujar un poco los límites de la ley para dar interpretaciones o formas de aplicación de la ley que vayan generando un nuevo marco inclusivo.
La dictadura estableció esquemas de actuación del poder judicial que aún persisten. Estas matrices estancadas, deberían ser reformadas por los gobiernos de corte popular para distribuir de forma equitativa.
Para esto, según Muscillo, los cambios en la composición, por ejemplo, de los poderes del Estado deben ir orientados en una mayor pluralidad de miradas, que comenzó con una apertura en cuestiones de género y que debe expandirse al panorama económico, rompiendo con la herencia de la dictadura donde la composición de los poderes del Estado tiene vicios de sólo una clase social.
“Ha habido una gran transformación de los derechos humanos y políticos luego de la dictadura que se acentuaron con los juicios de lesa humanidad, aunque resta actualizarse en materia de derechos de segunda y tercera generación”, concluyó el magistrado.
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